Los independistas catalanes perpetran en estos momentos un golpe de estado
contra la nación española, mientras el gobierno legalmente constituido,
haciendo dejación de funciones gravísima, mira para otro lado y se limita a
intentar ver qué coma se saltan de los reglamentos legales para denunciarles.
Es como si cuando el último golpista se presentó metralleta en mano y bigote
en ristre en el congreso, la respuesta del Estado hubiese sido denunciarle por
vandalismo al ensuciar el hemiciclo y agujerearlo con sus balas.
Los golpistas catalanes están violando el título preliminar de la
Constitución española en el que reza que “la soberanía nacional reside en el
pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” y ello es consecuencia de la falta de
categoría intelectual de los sucesivos gobiernos que venimos padeciendo, no
sólo del actual y en particular se debe a tres factores nefastos:
1.-La actual ley electoral española
(la Ley D´ hondt) que, entre otras cosas, otorga un poder desmedido a los
nacionalistas al amplificar la concentración provincial del voto.
2.-La irresponsabilidad de los
grandes partidos que llevan cuatro décadas cediendo al chantaje nacionalista a
cambio de apoyos en Madrid.
3.-La transferencia de determinadas
competencias clave a las autonomías y en particular las competencias en
educación, lo cual ha facilitado el adoctrinamiento y el discurso
independentista.
Este precepto constitucional de la soberanía heredado directamente de las
tesis de Jean Jacques Russeau y de la Revolución y de la posterior constitución
francesa de 1793 y que está presente, de uno u otro modo, en prácticamente todos
los estados desarrollados del mundo, significa “que la residencia legal y
efectiva del poder de mando de un conjunto social se encuentra y se ejerce en y
por la universalidad de los ciudadanos”.
Es por eso por lo que la legalidad
vigente no permite que una parte de los ciudadanos puedan adoptar medidas que
afecten al conjunto del país. Esto es cierto sin más, como concepto, a pesar de
que también lo es que el lamentable fenómeno de la transferencia de competencias
a las regiones con su carga de ineficiencia y encarecimiento de la estructura
del estado, es en cierta forma una manera de transferir soberanía, pero en
cualquier caso al amparo de la Ley porque lo han ido aprobando gobiernos legalmente
constituidos para el conjunto de la nación.
Los independistas llaman “derecho
a decidir” a lo que no es otra cosa que el derecho de autodeterminación, el cual necesitaría
para tener amparo legal que fuese cambiada la Constitución y el actual marco normativo, para lo cual deberíamos aprobarlo los depositarios de la soberanía
nacional en la actualidad, esto es, el conjunto de los españoles.
Como quiera que eso no ha sucedido
y sin embargo, los representantes del poder autonómico catalán se empeñan en
saltarse las leyes vigentes, serían precisas medidas contundentes como
respuesta que nos devolviesen al camino de la legalidad –al menos hasta que
ésta se modifique si así lo decide el conjunto de la ciudadanía española-.
Medidas que de forma natural deben pasar ya por la inhabilitación de los
responsables y su puesta a disposición de los correspondientes tribunales de
justicia.
De no detenerse ahora que es
posible el golpe de estado, ya no se podrá hacer y la soberanía nacional se
habrá violentado. Cuáles serían las consecuencias de tal irresponsabilidad está
por ver, pero todo augura a que nada buenas para nadie.
Para terminar, me parece lamentable
que incluso muchos de los líderes de nuestros partidos políticos no tengan
claras estas cuestiones elementales o que confundan legalidad con deseos e
incluso legalidad con opinión.
Saludos.
La energía más limpia es la que no se consume.
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