Las hidroeléctricas haciendo su agosto a costa de todos

Las empresas eléctricas hacen su agosto en un mercado eléctrico liberalizado en lo que respecta a la generación y muy particularmente en el sector hidroeléctrico, pues sus beneficios medios vienen siendo de unos 1.000 millones de euros anuales por la venta de esta electricidad (1.100 millones en 2008, 650 en 2009 y 900 millones en los primeros ocho meses de este año, mucho más lluvioso), mientras las arcas del estado ingresan por el uso del dominio público –las cuencas de los ríos que albergan las centrales y el uso del agua- unos 20 millones.

Esta desproporción y el jugoso negocio es una muestra más de que “no siempre” se gestiona desde el interés público y la competencia profesional.

"Las empresas eléctricas no pueden seguir al margen del debate de la gestión del agua ni de los costes de esta" asegura el Secretario de Estado del Agua en un artículo aparecido en El País Digital, que se habrá quedado muy tranquilo después de hacer este descubrimiento, que no es más que una constatación más de nuestra errática e incompetente política energética.

Beneficios caídos del cielo

Así llaman los economistas a las ganancias sobrevenidas, casi sin esfuerzo añadido y eso es lo que sucede con la electricidad obtenida en los saltos de agua. El sistema eléctrico español -en lo económico- es más o menos como una subasta continua en la que en función de la demanda se fijan los precios. Las empresas venden primero la nuclear, después las renovables y después si sigue habiendo demanda, la proveniente del gas, carbón y agua, por lo que cada subida de precios en el mercado, hace crecer los beneficios que deja el agua, cuyas centrales apenas sufren costes de explotación. Como anécdota, baste destacar que, al final, el precio del gas en los mercados internacionales es el que determina las ganancias de las empresas explotadoras de las hidroeléctricas, pues subidas en el gas practicamente implicarán subidas en el precio del kWh hidroeléctrico.

Las eléctricas –que niegan la mayor- piden que nada cambie porque aseguran que estas centrales y las nucleares no están aún amortizadas, mientras que el gobierno reconoce que cambios legislativos es ese sentido serían muy complejos a corto plazo -por existir concesiones que no caducarán hasta dentro de más de una década, por ejemplo-, lo cual no debiera ser una excusa para acometerlos con carácter de urgencia, como ha hecho Alemania.

El caso alemán

Alemania también dispone de una legislación complicada de modificar cuando debe alterar “ciertos derechos” de las empresas y sin embargo lo ha hecho en el ámbito de la energía nuclear, pues se prorrogarán todas las centrales nucleares que cumplan sus estrictos requisitos de seguridad, hasta los 46 años y a cambio crearán una nueva tasa que les permitirá recaudar unos 30.000 millones que destinarán al fomento de las renovables y al saneamiento de las cuentas públicas -justo lo que vengo defendiendo una y otra vez para el caso español y que me agrada enormemente que un país valiente lleve a cabo- por el contrario, el gobierno español permitirá funcionar Garoña hasta los 42 años, como mínimo, sin tasa alguna. Las diferencias en la concepción del interés público son evidentes.

Algo parecido se afirma en el Libro Blanco de la Electricidad, encargado por el Gobierno al poco de comenzar su tarea. Éste avisa de un desequilibrio muy fuerte en contra de los consumidores, a la vista de los amplios márgenes previsibles de explotación de las tecnologías hidráulica y nuclear.

Limitaciones ecológicas, la obsesión de nuestros gobiernos

El gobierno, que no ha sido capaz de combatir el daño que están sufriendo los consumidores a favor de las empresas eléctricas y sus beneficios –según reza, como he dicho, en el Libro Blanco-, sí parece estar preocupado por las limitaciones medioambientales, que también en este ámbito ahogan cualquier iniciativa de crecimiento de esta electricidad que es la más limpia y versátil que existe –si la cuenca tiene agua, claro está-. En efecto, al aparecer el concepto de “caudal ecológico” no se pueden optimizar los sistemas de generación y sus tecnologías, pues la generación está limitada por el caudal que en cada momento debe llevar el río, en función de los supuestos intereses, por ejemplo, de los pájaros de la zona.

Como vemos, la única regulación que parece importar es la concerniente a la sobreprotección de la naturaleza, sin importar que entre ésta y la voracidad de los intereses empresariales de grupos favorecidos por los gobiernos de toda índole, al final, el consumidor, ya sea una familia o una empresa, sea el que pague la factura eléctrica a un precio que no cesará de crecer y que no permite que la economía española alcance las cotas de competitividad que precisamos.

Otro día hablaremos de las centrales de bombeo, también olvidadas y que son el otro requisito necesario para que la tecnología hidroeléctrica –que hoy nos aporta electricidad en el entorno del 20 % de nuestras necesidades totales y garantiza disponibilidad a cualquier hora- se convierta en un elemento prioritario de nuestro cóctel energético ... si algún día logramos definir el rumbo de la política energética que deba servirnos para el s. XXI.

Saludos.
La energía más limpia es la que no se consume.